La posibilidad de castigar con pena de muerte a violadores de menores de edad ha desatado una polémica que no parece tener consenso. No obstante, en medio de este fuego cruzado, la propuesta de endurecer las penas para abusadores sexuales ha surgido como una alternativa.
Es así que el presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, reiteró ayer que, más allá de ejecutar violadores, lo que urge es incrementar las penas base para los delitos de abuso sexual, tarea que le compete al Congreso de la República.
Cabe precisar que, según el artículo 170 del actual Código Penal, la violación sexual (base entre comillas) es sancionada con “pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho años”.
Este castigo, a consideración del titular del PJ, es “bastante benigno”; por lo que exhortó su modificación, a través de la promulgación de proyectos de ley. “La pena para violación de tipo base, que va entre seis y ocho años, resulta bastante benigna y sería conveniente que el Congreso la modifique”, expresó a Correo.
Además, como ha venido sosteniendo en los últimos días, Rodríguez recalcó que no está de acuerdo con la pena de muerte.
A su juicio, si bien esta opción puede ser una solución “momentánea”, “la estadística fría nos dice que no bajarán los delitos”. “Estoy 90% seguro de que no se va a incorporar la pena de muerte”, estimó.
INICIATIVAS
Una evidencia de que la propuesta de Duberlí Rodríguez sobre fortalecer los castigos para violadores tiene asidero es que ya existen proyectos de ley en este sentido, a la espera de ser presentados o debatidos en el Pleno.
Uno de ellos es de autoría de la legisladora aprista Luciana León (PL 1037), que propone la “cadena perpetua en todos los casos de violación sexual a menores de edad”.
Cabe mencionar que, a la fecha, solo aplica la cadena perpetua si la víctima es menor de 10 años.
Asimismo, la iniciativa de León plantea la “imprescriptibilidad de delitos de violación sexual”, a fin de que “cualquier persona pueda denunciar indefinidamente a sus agresores”.
A la par, formula que “no proceda el indulto, la conmutación de la pena y el derecho de gracia a todos los sentenciados por los delitos de violación sexual”.
También la legisladora Indira Huilca (Nuevo Perú) está trabajando un proyecto similar que será expuesto mañana.
Según declaró a este diario, la pena base por el delito de violación debería ser “no menor de dieciocho ni mayor de veinticinco años de cárcel”.
“No solo apostamos por incrementar penas, sino por mejorar los tipos penales para mejorar su aplicación, respondiendo a los problemas que ya conocemos del sistema de justicia”, señaló.
A estas iniciativas se suma la del oficialista Moisés Guía Pianto (PL 1602), quien propugna por la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y la “muerte civil” para los violadores.
ABRE LA DISCUSIÓN
Cabe mencionar que el debate en torno a la pena capital para abusadores sexuales fue gatillado por las propuestas de las parlamentarias fujimoristas Karla Schaefer y Úrsula Letona, quienes respaldaron estas iniciativas y adelantaron que presentarán -con el aval de su lideresa Keiko Fujimori- sendos proyectos de ley.
Si bien, en diálogo con Correo, Letona admitió que va a ser muy difícil que salga adelante su iniciativa, que requiere una modificación Constitucional, detalló, está incluyendo en su proyecto el endurecimiento de penas.
Por ejemplo, mencionó que la pena base para un violador “no debería ser menor de 25 años de cárcel”.
“Va a ser difícil que lleguemos a un consenso, pero lo que queremos es abrir la discusión y se empiece a hacer algo, porque no hemos hecho nada hasta ahora”, refirió.
En este contexto, adelantó que, “en unas dos semanas”, presentará su proyecto de ley ante su bancada para su posterior deliberación.
MARCHA ATRÁS
Mientras tanto, desde el hall de los Pasos Perdidos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, daba marcha atrás y aseguraba que sus declaraciones a favor de la pena de muerte para violadores de niños fueron dadas a título personal y, subrayó, “no comprometen la política del Estado”.
Ello sucede, como se recuerda, luego de que algunos parlamentarios oficialistas e incluso el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski lo criticaran por emitir opiniones en contra de la postura del Gobierno.
“Como ciudadano y como exjuez, hice una declaración sobre mis apreciaciones acerca de la pena de muerte. Pero quiero dejar sentado que mi posición expresada en ese momento no compromete la política del Estado ni al Gobierno”, se excusó.
Asimismo, Mendoza anotó que este tema ya “está zanjado”, aunque no descartó que más adelante exista la posibilidad de que se genere otra polémica respecto de esta alternativa. “No debemos temer al debate”, recalcó.
Fuente: diariocorreo.pe
