Un adagio repetido frecuentemente en el contexto de las contiendas es aquel que propone que “la mejor defensa es el ataque”. Ir a la ofensiva –sostienen los seguidores de este mantra– no solamente permite acercarse al objetivo perseguido, sino que al poner contra las cuerdas al rival, evita que este pueda intentar eventuales acometidas.
Habría que suponer que un razonamiento similar ha germinado en las tiendas del fujimorismo y está detrás de la insólita denuncia constitucional presentada el lunes por su vocero titular en el Parlamento, Daniel Salaverry, en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una supuesta “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.
Como se sabe, desde hace varias semanas, diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular (FP) han cuestionado duramente la labor del Ministerio Público. En particular, dos actuaciones de la fiscalía contra el lavado de activos son las que han generado la incomodidad: la indagación preliminar que viene conduciendo el fiscal José Pérez sobre el origen de los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y en cuyo marco se ha programado una entrevista a Marcelo Odebrecht en Brasil; y la decisión de dicho fiscal de investigar a la lideresa del fujimorismo al amparo de la ley contra el crimen organizado (Ley 30077).
Más allá de que, como a cualquier otro ciudadano, a Keiko Fujimori y sus adláteres les asiste el derecho de expresar su rechazo a las decisiones de un organismo jurisdiccional, el tenor de las pullas dirigidas contra los representantes del Ministerio Público ha sido preocupante, por decir lo menos.
El propio Salaverry, por ejemplo, señaló hace unos días sobre los integrantes de la fiscalía que “son ellos los que actúan como criminales organizados porque siguen encubriendo a empresas corruptas”. Y frente a la noticia del nuevo cauce legal que estaba tomando la investigación a Keiko Fujimori, anunció que iban a “tomar todas las acciones legales” a su disposición contra el “atropello” del Ministerio Público e “ir hasta las últimas consecuencias”. Por su parte, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, ha atacado continuamente al fiscal de la Nación, vía Twitter, acusándolo de proteger al prófugo ex presidente Alejandro Toledo y llamándolo “corrupto” y “verdugo político de Keiko Fujimori”.
Con estos antecedentes, la denuncia presentada el lunes por el congresista Salaverry parecería ser más bien una represalia en contra de la institución a la que el fiscal Sánchez representa. Y el tenor del documento dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso solo ayuda a reforzar la suspicacia.
Para el congresista Salaverry, como decíamos, la supuesta inconducta del fiscal de la Nación consistiría en una omisión en la lucha contra la corrupción. La parte más grave de la denuncia del portavoz de FP está en el feble sustento, el cual, en realidad, no pasa de ser un collage de algunos recortes periodísticos vinculados con el Caso Lava Jato, la mayoría de los cuales, además, apenas recoge declaraciones de algunos congresistas cuestionando al Ministerio Público.
Resulta un absurdo jurídico que se plantee la destitución del máximo representante del Ministerio Público porque un fiscal del Caso Lava Jato –el cual goza de autonomía funcional respecto del fiscal de la Nación, además– no haya resuelto aún formalizar una denuncia contra los representantes de las compañías nacionales que fueron socias de Odebrecht en algunos consorcios. Un congresista podrá estar en desacuerdo con la estrategia de un fiscal, pero eso no constituye causal para proponer su licenciamiento ni mucho menos para plantearlo por una vía tan grave como la acusación constitucional.
La “preocupación política” (palabras textuales de la denuncia del congresista Salaverry) no da a pie para intentar conculcar la autonomía de un órgano jurisdiccional, y es alarmante que un legislador y representante de la principal fuerza política en el Congreso no lo sepa. Desde toda perspectiva –jurídica, política o de sentido común–, el ataque naranja al Ministerio Público es la peor defensa que pudiera requerir Keiko Fujimori.
Fuente: Diario El Comercio
