Chiclayo: Roberto Torres sigue acusando de corrupción a exgerentes

“Los Limpios”. Exalcalde asegura que Fiscalía lo investiga por “capricho” y por “huecos que tenían las veredas”.

Se niega aceptar cargos. El exalcalde Roberto Torres Gonzales continuó responsabilizando de los actos de corrupción descubiertos en la municipalidad de Chiclayo a sus exgerentes. Esta vez la responsabilidad cayó en su exgerente Ciro Chávez Martos, quien al igual que el exburgomaestre fue condenado por el delito de colusión.

Apelan sentencia

El episodio tuvo lugar durante la audiencia de apelación de la sentencia a siete años que dictó el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo contra Torres, luego de que la Fiscalía demostrara que él autorizó el direccionamiento de las compras fraccionadas de combustible a favor de la empresaria Ruth Zúñiga López, durante el 2012, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de S/ 228,657.14

Al final de los alegatos de las defensas técnicas, el juez superior Erwin Quispe Díaz, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, cedió la palabra a los sentenciados. Misael Delgado Mendoza fue el primero en reafirmar su inocencia, luego seguiría Torres, quien indicó que las contrataciones realizadas durante su gestión eran de competencia exclusiva de sus gerentes, de forma particular de su procesado, Ciro Chávez Martos.

“Yo no he direccionado nada, señores magistrados. Yo había otorgado facultades a mis gerentes, yo no sabía nada de las contrataciones”, refirió y agregó que las imputaciones que aún le atribuye la Fiscalía son “capricho”, “un tema personal, a veces, motivado, quizá, por un hueco que se presentó en la vereda”, dijo.

A su turno, Chávez precisó que “durante los diez meses que yo trabajé en la municipalidad realicé labores de control. Yo generé condiciones para que el exalcalde pueda lanzar su candidatura”, respondiendo así a lo dicho por Torres.

En este caso, Ciro Chávez y Misael Delgado fueron condenados a ocho años de prisión. 

CLAVES

El 21 de marzo se conocerá la sentencia de apelación del presente caso.

En primera instancia, el Poder Judicial ordenó el pago de una reparación civil de S/ 342 mil en forma solidaria contra los condenados.

Fuente: Diario La República