La actuación de los persecutores del delito en el caso de la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, está hoy bajo sospecha por supuestamente presentar informes falsos para sustentar el proceso investigativo.

La Fiscalía Suprema de Control Interno decidió iniciar investigación preliminar contra cuatro fiscales provinciales y dos fiscales superiores por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal, abuso de autoridad, prevaricato y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Ellos son: Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque.

Igualmente figura el fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, Jorge Arteaga Vera y la fiscal superior adjunta superior del mismo despacho fiscal, Lili Díaz.

Fue a raíz de la denuncia interpuesta por el investigado Jorge Incháustegui Samamé quien precisó que se habrían usado documentos falsos para realizar las diligencias contra los 22 integrantes de los Limpios de la Corrupción, lo que conllevó a la detención y prisión preventiva. El despacho supremo consideró que es necesario instaurar una investigación para reunir los elementos de juicio y pruebas indispensables que permitan esclarecer los cargos atribuidos.

Es por eso que solicitó a los fiscales denunciados que en el plazo de cinco días hábiles realicen sus descargos.

Los hechos

Según los cargos imputados a los representantes del Ministerio Público y que consigna la Resolución N.º 2134-2017, en el delito de prevaricato se especifica que los fiscales no realizaron los actos de investigación ni trabajaron con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo: Contraloría General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional, Comisión Nacional de Bienes (CONABI) y el equipo de Inteligencia Operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior.

Incháustegui aseveró que  ello demostraría que se armó  una “historia fraudulenta”, pues dijo que CONABI informó que no participó en la etapa de investigación fiscal y no existe un informe en los términos señalados por la Fiscalía, tal como consta en el Memorando 1029-2015 de la citada entidad.

Respecto al fraude procesal, el imputado mencionó que en la investigación de Sergio Zapata es nula la participación de Registros Públicos e Inteligencia Operativa, tal como se demuestra en las diligencias de allanamiento de vivienda.

Lo mismo habría sucedido con la Unidad de Inteligencia Financiera y el equipo de Lavado de Activos de la PNP.

Aunque eso no es todo, pues Incháustegui remarcó que la Oficina de Inteligencia (OFIN)  de Chiclayo, con el Oficio N.º 1027-2015, aseguró que el mayor PNP Romel Díaz  y el teniente PNP Víctor Chafloque, quienes firmaron el Informe N.º 136-2014 con el que se gestionó la detención preliminar de los Limpios de la Corrupción, no prestaban servicio en dicha unidad. 

Incluso se detalló que se utilizaron sellos de dicho departamento policial para fundamentar los requerimientos en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

Fuente: Diario La República