Celinda More ha escuchado sobre el bono que el Gobierno entregará a los damnificados para que alquilen viviendas y dejen las carpas que han instalado en los refugios temporales de Piura, pero desconoce los detalles.
Lo que sí tiene claro es que no cambiará su casa –de esteras y calaminas viejas– por una vivienda de alquiler. “Que nos apoyen a levantar nuestros hogares. No vamos a ir a otro sitio, necesitamos tener nuestras chacras”, dice la mujer natural de Catacaos, quien hoy sobrevive en el campamento San Pablo, en la vía Piura-Chiclayo.
—Los alcances del bono—
Ayer, el Ministerio de Vivienda oficializó –mediante el Decreto de Urgencia 014-2017– la entrega de una bonificación de S/500 mensuales a los damnificados, cuyas viviendas colapsaron o quedaron inhabitables por el paso de El Niño costero, ocurrido entre enero y abril.
Según la norma, las familias interesadas deberán registrarse en el municipio provincial al que pertenecen. Los requisitos son: que no hayan recibido un módulo temporal de vivienda en el lote que ocupaban; que no hayan sido atendidos mediante el bono familiar habitacional (a través del programa Techo Propio); y que no hayan recibido ningún tipo de vivienda de interés social (previsto en el plan de la reconstrucción).
Para su registro, los solicitantes tienen que adjuntar una declaración jurada donde se comprometen a utilizar el bono únicamente para el alquiler provisional de una vivienda, razón por la cual abandonarán los refugios que hoy ocupan.
El sector Vivienda publicará la lista final de beneficiarios luego de verificar la condición de cada familia solicitante. Para el primer desembolso, cuya fecha no ha sido definida, el Estado tomará en cuenta las solicitudes enviadas por los municipios provinciales hasta el 4 de diciembre. El plazo del registro culmina el 28 de febrero del 2018.
Solo en Piura hay 11 mil damnificados distribuidos en tres campamentos.
—Construir, no alquilar—
Luego del desborde del río Piura, en marzo, cerca de 5 mil damnificados se quedaron a vivir en el campamento San Pablo. La comunidad local les cedió un terreno, que luego constituyeron en un asentamiento al que llamaron Ampliación San Pablo, el cual carece de agua potable, desagüe y luz eléctrica.
Cristóbal Timaná, representante de los damnificados, dijo que desde mayo ha solicitado al Gobierno Regional de Piura que arreglen los caminos de acceso a su nuevo pueblo. “Pero nos dicen que la zona no está saneada y que no pueden intervenir”, agregó. Lo mismo señaló Carlos Bruce, ministro de Vivienda, durante su última visita a Piura: que no se construirían viviendas definitivas en zonas sin saneamiento o con líos judiciales.
Los otros dos campamentos, situados en los kilómetros 975 y 980 de la Panamericana Norte, tienen juicios pendientes con la empresa Santa Regina y la constructora Keheda S.A.C. En ambos, viven unos 6 mil damnificados de los distritos de Catacaos y Cura Mori, que –al igual que los de San Pablo– no usarán el bono para alquilar viviendas, sino para construir sus casas con material noble en los refugios.
—Bono supervisado—
El alcalde de Catacaos, Juan Cieza, respaldó a los damnificados en su intención de usar el bono para erigir viviendas definitivas en los campamentos, ya que las casas que prometió el Ejecutivo “están demorando mucho”. “Las decisiones se toman en Lima sin consultar la propia realidad del Bajo Piura”, dijo.
Voceros del Ministerio de Defensa (Mindef), sector que colabora con Vivienda en la reconstrucción, indicaron a El Comercio que “el buen uso del bono” será supervisado por los municipios y las oficinas descentralizadas del ministerio. “Si comprobamos que están utilizándolo para fines distintos, los beneficiarios serán retirados”, dijeron.
Aunque aún no hay fecha prevista para la primera entrega del bono, ya que las solicitudes serán revisadas primero por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), el Mindef precisó: “Esperamos tener todo listo antes de fin de año”.
Fuente: Diario El Comercio
