Una parte importante de las tareas que los electores encomendamos a nuestras autoridades políticas es el responsable manejo de las finanzas públicas. El gasto corriente necesario para pagar a los servidores públicos, la inversión en obras de infraestructura que permitan el crecimiento económico del país, los montos que se deben reservar para el pago de las deudas asumidas, el ahorro necesario para el funcionamiento futuro del aparato estatal. Las varias cuentas que el Estado debe considerar al momento de decidir dónde gastar el próximo sol equivalen, pues, a las necesidades pendientes por atender.

Precisamente, la semana pasada se produjo una nueva confrontación entre dos poderes del Estado con relación al manejo de la billetera estatal. Ello con ocasión de una iniciativa parlamentaria –ya convertida en ley– que establece un régimen pensionario especial para militares y policías en retiro.

Como se recuerda, durante el gobierno nacionalista, se aprobó el polémico Decreto Legislativo 1133 que disponía que los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que pasen a retiro recibieran una pensión que tome como base no solo el sueldo que percibían cuando estaban en actividad, sino que dicho monto se actualizara con los futuros incrementos remunerativos aplicables al cargo que antes desempeñaban. La norma era controversial porque establecía dos tipos de discriminaciones: la primera, entre los miembros de las fuerzas del orden, beneficiando únicamente a los que pasaran a retiro después de diciembre del 2012; la segunda, con el resto de ex servidores públicos y ciudadanos en general que no gozan de este tipo de privilegios equivalente a los de una cédula viva.

La nueva ley promulgada hace unos días por el Congreso –por insistencia y pese a las observaciones del Ejecutivo– corrige la primera situación de marginación pero no la segunda, al extenderle el beneficio de las pensiones actualizables a todos los pensionistas de la policía y las Fuerzas Armadas. Y, al mismo tiempo, provoca un mayúsculo rompecabezas en las cuentas estatales: según las estimaciones del Poder Ejecutivo, la nueva norma demandaría un gasto adicional de aproximadamente S/1.110 millones al año.

Frente a esta circunstancia, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, ha señalado que acudirán al Tribunal Constitucional para cuestionar la norma aprobada, tomando en cuenta además que el Parlamento habría vulnerado dos disposiciones constitucionales que le prohíben tener iniciativa de gasto y establecer la “nivelación de las pensiones con las remuneraciones”.

Una declaración que le ha ganado la crítica de representantes de Fuerza Popular en el Parlamento. “Es una torpeza política, una mezquindad, una visión sesgada y equivocada que dice muy poco de su visión social y su sentido de justicia. Estamos hablando de pensionistas que lucharon contra el terrorismo, que estuvieron en el Cenepa”, ha fustigado al Gobierno el presidente del Congreso, Luis Galarreta, planteando un falso dilema: o desde el Ejecutivo apoyan la cédula viva pensionaria para los militares, o son mezquinos y no tienen compromiso social ni de justicia.

La verdad de las cosas, sin embargo, es que aquí no estaba en controversia la valoración y el merecido reconocimiento a los que son acreedores los policías y miembros de las Fuerzas Armadas en retiro, ni tampoco el derecho a percibir una pensión adecuada. Lo que está en discusión es si el Estado se encuentra económica y constitucionalmente facultado para implementar un régimen pensionario muy costoso que favorece solo a un grupo de ex servidores públicos.

Dicho de otro modo, de lo que se trataba –pero parecen no haberlo entendido en el Legislativo– era de ser responsables con el manejo de las cuentas públicas, pues necesidades hay muchas, pero ni el dinero ni las pensiones crecen en los árboles.

Fuente: Diario El Comercio